El Ministerio Público de la Defensa (MPD) presentó este lunes modificaciones, basadas en principios de igualdad y no discriminación, en los reglamentos para el ingreso al organismo y para concursar por cargos, medida adoptada luego de una investigación que identificó una composición de su estructura con mayoría de mujeres, a pesar de que, en los puestos de mayor jerarquía, son las que menor proporción de lugares ocupan.
Las medidas anunciadas incluyen diversidad de género en la conformación del jurado del concurso y del tribunal examinador para los exámenes de ingreso.
También se prevé que, si la cantidad de inscriptas a un concurso es inferior al 40%, se ampliará por única vez el plazo de inscripción de forma exclusiva para mujeres.
Además, habrá reformas para asegurar en los concursos y en los exámenes para el ingreso y ascenso del MPD, que toda persona que transite un embarazo, se encuentre en período de lactancia o en uso de su licencia por maternidad reciba un trato acorde a su condición durante las instancias de evaluación.Inclusive, se tendrá en cuenta fecha de parto para adecuar los procesos.
Asimismo, se incluyó como contenido obligatorio en los temarios cuestiones que permitan evaluar la perspectiva de género de quienes postulan en la Defensoría, se adoptaron medidas de acción positiva para el acceso a publicaciones, becas y cursos y se impulsarán programas de mentorías o tutorías que favorezcan el empoderamiento de mujeres.
El anunció llegó basado en los resultados de una investigación de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría que brindó un panorama actualizado sobre la participación de las mujeres en el MPD, con especial atención al acceso a cargos de defensoras.
El MPD está integrado “de forma prominente” por mujeres, que son una minoría entre quienes alcanzan los puestos de mayor jerarquía, detectó el informe.
Las mujeres configuran el 58% del total de integrantes del MPD. Sin embargo, solo ocupan el 37% de cargos de magistrados/as, el 56% de cargos de funcionarios/as y el 44% de personal de servicios auxiliares (ordenanzas).La mayor cantidad de mujeres son empleadas del agrupamiento técnico-administrativo (66%).
Los datos de la composición del organismo “sugieren la presencia de segregación vertical (en especial, para el acceso a cargos de defensoras) y horizontal (hay subrepresentación de mujeres en ciertos puestos y sobrerrepresentación en otros cargos)”, añadió.
“Esos sesgos de género se intensificaron en el periodo comprendido en la investigación -abarca 12 años, entre 2008 y 2019-,por lo que resulta imperioso fijar mecanismos correctivos”, sugirió el documento.
Durante el análisis se detectó que la mayoría de quienes integran los jurados son varones y que en muchas oportunidades las mujeres quedan directamente excluidas.
En cuanto a los concursos, mostró que las mujeres representan el 36% del total de inscripciones con una participación promedio del 34,6% a lo largo del trámite.
“Ese menor grado de inscripción y participación (fenómeno conocido como piso pegajoso) luego impacta indefectiblemente en la constitución de las ternas y en las designaciones”, resaltó la investigación.Los obstáculos del piso pegajoso se combinan con brechas de género horizontales y verticales.
La segregación horizontal se vincula con dificultades para competir en el fuero federal, lo que contrasta con su mayor intervención en concursos para cargos del fuero ordinario, en especial, en materia de menores de edad y personas con capacidad restringida y en materia no penal.
“Estas dos materias se asocian a roles de cuidados, aspectos considerados históricamente como una responsabilidad femenina, lo que replica un clásico esquema de división sexual del trabajo que continúa latente en la sociedad. Sin embargo, esos cargos resultan marginales en términos cuantitativos, frente a puestos del fuero federal y con competencia penal”, analizó el informe.
Otro dato significativo es que en todos los casos las mujeres perdieron competitividad a la hora de calificar los antecedentes.
Esa evaluación suele incluir puntos por créditos académicos “que resultan más difíciles de obtener a las mujeres (en atención a las responsabilidades de cuidado y la menor disponibilidad de tiempo)”.
Por lo tanto, concluye el estudio analítico, “es posible que al otorgarse el mismo peso a la evaluación de antecedentes y de oposición, las mujeres vean disminuidas sus posibilidades de avanzar hacia el examen de oposición y en la calificación final obtenida”.
En el trabajo se incluyó una encuesta de autopercepción entre abogadas y abogados del MPD cuyo objetivo fue detectar los motivos por los que se presentan menos mujeres a los concursos en un organismo conformado mayoritariamente por ellas.
Los resultados confirmaron este obstáculo, ya que una importante cantidad de mujeres dijo que la recarga de tareas domésticas y de cuidado impactó en su desarrollo profesional y le restó tiempo para lograr antecedentes académicos que son valorados en el puntaje de los concursos.
El estudio mostró la falta de incorporación al MPD de personas travestis, trans y transgénero: “También constituye una deuda pendiente la incorporación de identidades diversas a la justicia en general y al organismo en particular, único modo de desarmar una tradición histórica de discriminación y exclusión por razones de género”, concluyó la investigación.