Política

Pese al rechazo de vecinos, Larreta logró aprobar sus proyectos inmobiliarios

En medio de protestas callejeras, con una Legislatura vallada y custodiada por policías y pese al rechazo de ambientalistas y de la oposición de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta logró sancionar este jueves, antes del recambio parlamentario, la rezonificación de Costa Salguero para construir allí un conjunto de edificios y un acuerdo con el grupo IRSA para levantar un nuevo barrio en la exCiudad Deportiva de Boca.

“Hoy es un día muy triste para la ciudad de Buenos Aires, el oficialismo de Larreta votó la pérdida de 100 hectáreas de espacios verdes y humedales sobre la costanera para seguir construyendo torres de lujo que luego quedan vacías por la especulación inmobiliaria, expresó durante la sesión en la Legislatura porteña el diputado del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña.

Consideró que se perdió “una oportunidad única para sumar espacios verdes a una ciudad que sólo tiene 4 metros por habitante cuando debería tener al menos 12”.

“Quieren un Estado que intervenga a favor de 10 personas, que son los grandes grupos concentrados; están afectando derechos, están generando privilegios para aquellos que pueden sentarse con ustedes a negociar. ¿Dónde está la seguridad jurídica?”, advirtió.

De igual manera, su par de bancada, Javier Andrade, lamentó que “el mercado esté definiendo la ciudad, multiplicando la capacidad constructiva” y acusó al Gobierno porteño de “armar una mesa para el negocio inmobiliario”.

Además, dirigiéndose a sus colegas de los bloques oficialistas, Andrade agregó: “Sé que a muchos y muchas de ustedes esto les incomoda”.

Las normas aprobadas

La rezonificación de Costa Salguero quedó sancionada con 36 votos a favor por parte del oficialismo y aliados, compuesto por Vamos Juntos (VJ), UCR-Evolución y el Partido Socialista; 22 en contra, del FdT, del Frente de Izquierda, Consenso Federal y el Gen.

En tanto, el convenio con IRSA también recibió 36 votos a favor, pero sólo 20 en contra, ya que se abstuvieron Eugenio Casielles, de Consenso Federal, y Sergio Abrevaya, del Gen.

Los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, que también es afectado por la rezonificación, suman 32 hectáreas; mientras que la exCiudad Deportiva tiene 71 hectáreas.

Por su parte, el jefe del bloque VJ, Diego García Vilas, defendió los proyectos al afirmar que en Costa Salguero se está “poniendo a la ciudad en la primera fila de cara al río” y aseguró que “de las 30 hectáreas que suman Costa Salguero y Punta Carrasco, 25 se convertirán en parque público”.

Sobre el convenio con IRSA, remarcó: “Estamos recuperando 50 hectáreas, de 70 que hoy son privadas”.

Los otros convenios urbanísticos

En la sesión también se sancionó un proyecto de ley que incluye 10 convenios urbanísticos firmados por la administración de Larreta y varias empresas privadas para autorizar la construcción de torres que exceden la altura permitida en parcelas de distintos barrios porteños.

El cuarto proyecto, en tanto, crea un “régimen especial de regularización de obras y construcciones llevadas a cabo en contravención al Código Urbanístico y al Código de Edificación”.

A lo largo del debate, que se extendió durante unas cinco horas, estuvo en duda si el bloque UCR-Evolución, aliado de VJ, votaría a favor del convenio con IRSA, ya que al principio de la sesión, Martín Ocampo, jefe de esa bancada, afirmó que si no se incorporaban ciertas modificaciones, no acompañarían.

Sin embargo, hacia el final de la sesión, Ocampo pidió la palabra para anunciar que sí votarían, ya que algunas de sus propuestas habían sido aceptadas.

Para lograr la mayoría, VJ necesita en la Legislatura de sus aliados en el interbloque Juntos por el Cambio (JxC): UCR-Evolución y el Partido Socialista.

El Frente de Izquierda, en tanto, votó en contra de las cuatro iniciativas de Rodríguez Larreta.

“Siempre vamos a defender una ciudad para las y los trabajadores y no para los especuladores”, afirmó Amanda Martín, del Frente de Izquierda.

Alertó además que mientras “en la ciudad se van rematando las tierras públicas” persisten sin solución “dos problemas graves: las inundaciones, que afectan particularmente a las villas, y la crisis habitacional”.

EN MEDIO DE LA INTERNA DE JXC, DIPUTADOS DE LA COALICIÓN CÍVICA VOTAN DIFERENCIADOS DEL INTERBLOQUE
La bancada de la Coalición Cívica (CC) en la Legislatura porteña votó diferenciada del resto del interbloque de Juntos por el Cambio en torno a la aprobación de los convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constructoras privadas para levantar nuevas torres en distintos barrios del distrito.

La disidencia se dio en medio de la interna del espacio opositor tras las declaraciones vertidas por la líder de la CC, Elisa Carrió, en las que criticó con dureza a los dirigentes del radicalismo porteño y asegurar que la campaña de la lista que encabezó María Eugenia Vidal en la Ciudad no fue buena.

A pocos días de esos dichos, los cinco legisladores de la CC optaron por no acompañar uno de los expedientes que el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, giró este año al Parlamento como parte de un paquete de proyectos inmobiliarios para “ampliar la capacidad constructiva” en el distrito.

La ley que quedó aprobada con 32 votos de los bloques de PRO, Confianza Pública, UCR y Socialismo; y 26 en contra de la CC, el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y el GEN.

Según argumentó la legisladora Cecilia Ferrero, de la CC, “hay una diferencia de criterio respecto de la naturaleza del instrumento de los convenios urbanísticos”.

“Su uso debe estar restringido a los casos en que resulte evidente que su objeto y las correspondientes contraprestaciones puedan considerarse de nítido interés público”, sostuvo.

Señaló que la normativa actual en la que se encuadran esos acuerdos “carece de límites claros respecto de su utilización”, tras lo cual explicó que “por eso en julio del 2020 presente un proyecto para regular el procedimiento de la formalización y ejecución de los convenios”.

Mientras dentro del palacio legislativo transcurría la sesión, afuera y detrás de las vallas custodiadas por efectivos de la Policía de la Ciudad, militantes del Frente de Todos y organizaciones de vecinos rechazaron las propuestas inmobiliarias del gobierno porteño con una protesta.

“La venta de tierras públicas para construir viviendas de lujo influye directamente en la falta de acceso a la vivienda que tienen miles de habitantes de la CABA”, dijo Cecilia Alvis, referente del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, una de las organizaciones que se movilizaron.

LOS DOS CONVENIOS URBANÍSTICOS RETIRADOS DEL DEBATE
El oficialismo porteño retiró del debate en la Legislatura dos de los 11 convenios urbanísticos que estaban incluidos en el temario de la sesión ordinaria y con los cuales se busca el aval parlamentario para levantar nuevas torres en distintos barrios del distrito, algo que es rechazado por agrupaciones vecinales opuestas a la habilitación de construcciones de altura.

Fuentes legislativas confirmaron a Télam que quedaron excluidos los acuerdos que contemplaban los permisos para construir en los predios de la calle 11 de Septiembre 1535, en Belgrano, donde estaba previsto una edificio de 53 metros; y el de la avenida Corrientes 3410, esquina Gallo, donde se iba a levantar un torre de 73 metros.

Ambos terrenos pertenecen a dos desarrolladoras inmobiliarias, las cuales firmaron sendos convenios urbanísticos con el Gobierno porteño para aumentar la capacidad constructiva y la altura de futuras edificaciones.

Los dos casos generaron fuertes cuestionamientos de las organizaciones barriales en defensa del patrimonio, que rechazaron la construcción de las torres y alertaron sobre “la arquitectura parasitaria” que podría darse en el predio de Belgrano, que se extiende por 882 metros cuadrados.

Allí, existe un petit hotel que data de 1925, que perteneció al empresario Matías Garfunkel, y tiene un nivel de protección urbana “especial cautelar”.

Se trata de una disposición que impide que la fachada de ese inmueble sufra modificaciones y a su vez bloquea posibles demoliciones, y por ello, el acuerdo con la constructora preveía la conservación de la casona, pero impulsaba la edificación de una torre por detrás del inmueble.

Los restantes convenios disponen que, por el cambio en la normativa urbana, los empresarios paguen al Estado porteño una compensación económica.

Esas partidas irán a un Fondo de Desarrollo Urbano Sustentable que financiará la reconversión de la zona de oficinas del microcentro porteño, afectada por la pandemia.